El Defensor del Pueblo
debería ser un contador que pudiera informarnos cuánto nos cuesta realmente
cada gobernante, sumando las remuneraciones, los viáticos, los privilegios, las
exoneraciones y los endeudamientos incobrables que pudieran generar.
Por algún motivo de
conveniencia mezquina los políticos tratan de convencernos de que un país no es
una empresa, con lo cual mantienen ocultos los verdaderos costos de su gestión.
Esta falta de información
me convence de que sin los políticos yo tendría una mejor calidad de vida.
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